Desde que entró en vigor el Real Decreto 304/2014, la Coordinadora de ONGD de España  ha impulsado espacios de trabajo conjuntos entre sus organizaciones miembros con el fin de dar a conocer las implicaciones de esta norma, y compartir las dificultades de su puesta en práctica. En ese sentido, realizamos un proceso de consulta a todas las ONGD de la Coordinadora para intercambiar experiencias sobre la misma, y de forma conjunta 20 de sus organizaciones miembros participaron en la elaboración de una consulta que fue elevada en febrero de 2015 a la Secretaría General del Estado (organismo regulador en materia de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo), la cual contenía criterios interpretativos de la norma por parte de las organizaciones participantes, y reflejaba las limitaciones a las que nos enfrentábamos en nuestro esfuerzo y compromiso por su cumplimiento.

Dando continuidad a este esfuerzo de seguir buscando soluciones prácticas, la Coordinadora está colaborando en un grupo de trabajo sectorial, liderado por la Asociación Española de Fundaciones, en el que participan varias plataformas y organizaciones, tales como: Asociación Española de Fundraising, Fundación Lealtad, Fundación ONCE, Cáritas, Cruz Roja Española, Fundación Telefónica, Fundación Repsol, Manos Unidas y Fundación Ayuda en Acción. El objetivo de este grupo de trabajo es aunar esfuerzos y voces para lograr una adaptación de la legislación vigente al riesgo y realidad de nuestro sector, bajo un único posicionamiento, una única voz.

Resultado de este espacio, durante el pasado mes de mayo se envió un comunicado a la Secretaría General del Tesoro trasladando las principales limitaciones y/o consultas derivadas de la Ley de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo. Posteriormente, se elaboró y difundió una encuesta a través de las principales plataformas sectoriales a sus organizaciones miembros, con el fin de recopilar datos cuantitativos que nos permitieran construir una fotografía de la realidad de nuestro sector que nos sirvieron de insumo para el documento enviado en el mes de junio a la Secretaría General del Tesoro, el cual contiene por un lado información sobre el contexto del Tercer Sector, demostrando que el riesgo en materia de blanqueo de capitales no es alto, en línea con la última valoración del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI); y por otro lado, una propuesta de modificaciones legislativas a tener en cuenta, con el fin de adaptar la normativa vigente a la Directiva de la Unión Europea, en respuesta a la consulta pública que abrió la propia Secretaria General del Estado.

En estos momentos nos encontramos a la espera de una respuesta por parte de la Secretaría General del Tesoro,  por lo que os mantendremos informados de los nuevos logros que se alcancen, aunque sin duda alguna el hecho de haber alcanzado una única voz en un tema tan relevante es en sí mismo un gran hito.

Enlace relacionado: El sector no lucrativo se une en sus propuestas a la modificación de la normativa de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo